Informe de líderes sociales asesinados

A raíz del lanzamiento del informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post Acuerdo, entrevistamos a Juana Afanador, (escuche audio de entrevista) quien comentó dicho documento el pasado martes 5 de febrero en un evento, realizado por el IEPRI,  dirigido a periodistas. Juana es doctorante de la Escuela Doctoral Territorios, Sociedades y Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París; sus temas de investigación son territorios, identidades regionales, violencia, desarrollo e infraestructura e historia empresarial.

Foto: Mariana Delgado (infoiepri_bog@unal.edu.co)

IEPRI: El gobierno del presidente Iván Duque se ha empeñado en sostener que no existe una sistematicidad en el asesinato de los líderes sociales desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, pero el informe señala por el contrario que hay patrones y correlaciones detrás de dichos asesinatos. ¿Qué nos dice esto del “compromiso” y la responsabilidad del gobierno de ser garante y guardián de los derechos humanos, en particular de los derechos de los líderes y lideresas sociales del país, y también de ser garante del cumplimiento de los acuerdos firmados en 2016?

Juana Afanador: Estas posturas que ha desarrollado desde el principio, desde la campaña electoral, el Centro Democrático y el ahora presidente Iván Duque, han mostrado el desinterés y la negación de los asesinatos a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos como lo logra mostrar el informe. El documento ha logrado desarrollar y demostrar claramente que hay una serie de patrones en cuanto a la naturaleza del fenómeno, a los tipos de víctimas, a los tipos de victimarios, a los modos de asesinatos y en cuanto a los espacios y lugares en los territorios donde se cometen los crímenes. El informe también  logra contradecir con pruebas que hay un sistema organizado que ha funcionado para asesinar a los líderes sociales en ciertas zonas específicas del país, que los asesinatos se concentran en ciertas personas que llevan ciertos liderazgos en las comunidades en las que viven. También se señalan los patrones en cuanto a las formas en las que son asesinados los líderes, y a su vez demuestra que estas muertes no son accidentales o esporádicas. Frente a esto, la respuesta del Estado ha sido negar los crímenes de los líderes sociales quitándoles la naturaleza de líder, por ejemplo decir que no era líder, que no llevaba ningún proceso en la comunidad, negar que tenga alguna afiliación política o afiliación a algún movimiento campesino. El gobierno no sólo ha negado, sino que también ha intentado invisibilizar y desaparecer la figura de líderes sociales en el país.

 

Foto: Mariana Delgado (infoiepri_bog@unal.edu.co)

I: Desde el 2 de enero de 2016 hasta el 31 de julio de 2018 se presentaron 343 asesinatos de líderes sociales. Desde entonces se ha presentado una tendencia al aumento de estos asesinatos ¿Podrá ser posible un post acuerdo bajo estas condiciones? ¿Cómo fortalecer y dar sostenibilidad a un post acuerdo tan frágil?

J.A: Si no hay un compromiso claro es muy difícil. Hay zonas que históricamente han estado abandonadas por el Estado, en las que no ha habido presencia ni control, en donde por ejemplo no hay carreteras, no hay infraestructura, en donde el Estado no está presente, en donde no ha creado ningún tipo de vida social, en donde no ha construido ninguna escuela u hospital, son espacios tomados por los grupos armados al margen de la ley. Si no hay un compromiso de presencia del Estado es muy difícil que se cumplan los acuerdos y que se cumplan los proyectos que iban de la mano con los mismos, como los proyectos de desarrollo con enfoque territorial. Es decir, empiezan los procesos y si el Estado los abandona, las comunidades quedan solas haciendo el proceso y quedan más vulnerables. El informe contempla y sugiere una serie de recomendaciones al Estado y al gobierno en su conjunto, que tienen que partir de la continuidad y cumplimiento de la implementación del acuerdo y de las medidas sobre las garantías de seguridad. Si no hay unas medidas básicas de seguridad hacia los líderes sociales y defensores de derechos humanos  que trabajan por la paz en los territorios, que además se enfrentan a estas organizaciones ilegales, va a ser cada vez más difícil que los procesos se den, que los líderes no sean asesinados y que se logre romper esa sistematicidad del fenómeno. Si no hay voluntad política se genera más vulnerabilidad en los territorios.

Existe un subregistro en relación con el número de asesinatos que reporta Medicina Legal que contrasta con los registros que llevan ong´s y organizaciones defensoras de derechos humanos. Incluso, como lo señala el informe, hay asesinatos de líderes sociales en municipios que no se registran en Medicina Legal ¿Qué nos muestra ese subregistro de las cifras oficiales?

J.A: Nos señala que las cifras oficiales están siendo modificadas, no son cifras en las que podemos confiar al momento de tratar de hacer un recuento serio. El informe es muy claro en eso, las diferentes organizaciones tienen diferentes cifras, ni siquiera se ha podido llegar a un acuerdo generalizado entre las diferentes organizaciones sobre las cifras de líderes asesinados, eso asevera un problema porque no sabemos exactamente cuántas víctimas hay, el informe señala que son más, que pueden ser más, que estas cifras que conocemos son sólo una muestra. Medicina Legal y el Estado intentan ocultar, modificando las cifras, asesinatos que han ocurrido, y así borran y niegan a las víctimas. Muchos municipios no están reportados. Niegan a los líderes y también la vida que tuvo este líder o lideresa, es negar el trabajo que han hecho e invisibilizarlos del panorama nacional. Además, estas cifras oficiales son las que se difunden en los grandes medios de comunicación, sólo los medios independientes son los que van y buscan a las organizaciones, entonces la representación pública que sale del fenómeno es mucho menor y esto hace que la gente no se imagine lo grave del asunto. Es un horror que Medicina Legal se atreva a modificar o a negar esas cifras.

 

Foto: Mariana Delgado (infoiepri_bog@unal.edu.co)

Muchos de estos asesinatos se realizan bajo la modalidad de sicariato en la que los victimarios hacen parte de una organización criminal con una clara estructura. ¿Quiénes están detrás de estos asesinatos? ¿Qué grupos? ¿Qué intereses defienden?

J.A: Contrariamente a lo que se ha dicho a la opinión pública en donde se señala que no se sabe quién está detrás de estos asesinatos, resulta que sí hay un patrón en cuanto al tipo de victimarios. En el informe se identifican fuentes de las amenazas, se señalan a 8 grupos paramilitares y a 4 grupos compuestos por desertores de las Farc, entonces sí se sabe quiénes son. Estas estructuras se encuentran en territorios caracterizados por presencia de cultivos de uso ilícito, en donde hay rutas de narcotráfico, en donde hay una correlación con presencia de grupos paramilitares y a la vez de fuertes procesos de organización social. En los territorios en donde hay más resistencia es en donde se presentan las mayores dificultades. También son territorio en donde hay extractivismo, a veces legal, y también hay una correlación con el espacio en el que se encuentran algunas comunidades cercanas a zonas transitorias de normalización, ahora conocidos como los espacios territoriales de capacitación y de reincorporación. A menos de un kilómetro, saliendo de una de las zonas de capacitación de San José de Guaviare, de Colinas, en diciembre asesinaron a un excombatiente que estaba liderando procesos con la comunidad campesina vecina a la ex zona veredal. Hay unas correlaciones entre los intereses territoriales, los intereses de explotación minera, los intereses de rutas de narcotráfico en las que las comunidades resistentes terminan siendo enemigas de estos grupos ilegales que quieren ejercer estas actividades.

 

Hay una clara condición de vulnerabilidad de las víctimas asesinadas y de sus familias, así como no sólo muere el líder o la lideresa, sino que en la mayoría de estos casos sus familias son amenazadas, comienzan a padecer una cadena de victimizaciones, muere también el esfuerzo que hay detrás de estos procesos organizativos de las comunidades en las que trabajaban y por las que trabajaban ¿Cuál es el escenario para las comunidades y para un país que casi diariamente está viendo cómo son asesinados sus líderes sociales?

Es un escenario muy difícil porque la mayoría de víctimas son líderes de juntas de acción comunal, líderes campesinos, activistas ambientales o líderes de partidos o movimientos, líderes afro, reclamantes de tierras, que cumplen un liderazgo muy importante en sus comunidades porque son quienes dan las guías al resto de la comunidad, son los que organizan y comienzas los procesos, sin esos líderes la comunidad queda abandonada y vulnerable. Las familias quedan amenazadas, sus compañeros de organización también. Queda un halo de miedo, de no saber si el proceso se puede continuar o no, de ponerlo en pausa. El asesinato de estos líderes y lideresas es matar también los procesos sociales de esas comunidades. Si no hay una presencia y compromiso fuerte del Estado frente al acompañamiento a las comunidades en sus procesos, y a los líderes, es muy difícil que éstas logren continuar con sus procesos comunitarios.