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La presencia de comunidades indígenas al interior de la Universidad Nacional reveló fuertes tensiones de identidad, diversidad y autonomía.
Durante los primeros días del mes de mayo cerca de 15.000 miembros de distintas comunidades indígenas de diferentes partes de Colombia se movilizaron a la capital del país buscando exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno nacional.
Los diálogos propuestos buscaron visibilizar la necesidad de hacer efectivos los derechos fundamentales de los pueblos desde cuatro puntos específicos: la promulgación de normas para el funcionamiento de los territorios indígenas como Entidades Territoriales (ETI), la creación del fondo destinado a la vida y el buen vivir, la puesta en marcha del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y la implementación del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI).
Para la llegada, instalación y ejecución de la Minga, la administración municipal destinó el parque Tercer Milenio, propuesta que fue rechazada por las comunidades indígenas, argumentando no tener las garantías adecuadas para el desarrollo de las jornadas de diálogo y movilización. En consecuencia, la minga tomó la decisión autónoma de establecerse en el campus de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, ocupando de forma provisional algunos espacios como bloques, edificios y escenarios deportivos.
De esta manera el claustro educativo se transformó en “un espacio de encuentro intercultural, donde se realizaron actividades académicas, artísticas y de promoción de la salud, lideradas tanto por las facultades de la universidad como por los colectivos indígenas”.
Según la Institución, la movilización y sus jornadas culturales, académicas y de diálogo contaron con el respaldo logístico y humano de estudiantes, profesores y personal administrativo.
“Agradecemos el trabajo de todas las personas que hicieron posible acoger en condiciones dignas a la población indígena, así como la solidaridad y hospitalidad expresada por la comunidad universitaria”
señaló a Vicerrectora de Sede, Andrea Carolina Jiménez.
A pesar de que algunos sectores manifestaron inconformidad con la decisión de la Universidad, argumentando la alteración innecesaria del orden y la dinámica educativa, la universidad no reportó daños sustanciales a sus instalaciones ni condiciones que obstaculizaran el desarrollo normal de las actividades académicas. Por el contrario, se mostró como garante de los procesos de diálogo y del derecho a la protesta pacífica. Al respecto, la profesora María Teresa Pinto Ocampo, Politóloga, Magíster en Estudios Políticos, Magíster en Ciencia Política y miembro del cuerpo docente del IEPRI afirmó:
“Es importante decir que en Colombia constitucionalmente está garantizado el derecho a la protesta y en ese sentido, la presencia de los indígenas en la Universidad Nacional en el marco de la movilización es simplemente un derecho que debe ser garantizado y respetado. Teniendo en cuenta esto, es importante saber que la Universidad Nacional (…) es un espacio que tiene unas posibilidades y unas garantías específicas para que ese derecho a la protesta y a la movilización pueda ser garantizado”
Cabe mencionar que la Universidad Nacional se enuncia así misma como un escenario de diversidad de pensamientos, posiciones e ideas y en esa misma diversidad hubo posturas muy críticas e incluso señalamientos considerados “racistas” y “clasistas” en contra de la minga y su congregación en el campus:
“Todavía hay muchas prácticas racistas contra las comunidades indígenas. La palabra “indiamenta” se volvió una demanda de autorreconocimiento, pero también muestra las carencias y las debilidades que tenemos como país para consolidarnos en la diversidad que reivindica a nuestras comunidades indígenas, con sus particularidades, con sus procesos, con sus contradicciones, pero que reconoce que ellas tienen un lugar en nuestro país como lo tenemos el resto de los sectores sociales.”
Afirmó la profesora María Teresa Pinto.
Por su parte, en el balance presentado por la Nacional, se reiteró “la importancia de mantener los espacios de diálogo y concertación entre las autoridades indígenas, la comunidad universitaria y los entes gubernamentales, subrayando su voluntad de acompañar los procesos de reivindicación de derechos, siempre en el marco del respeto y el cuidado de los espacios públicos”.
Bogotá, lunes 5 de mayo de 2025
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI
Redactó: Daniela Galvez – Oficina de comunicaciones
Revisó y aprobó: Carlos Alberto Patiño – coordinador del área de comunicaciones IEPRI.
