Escudo de la República de Colombia

Conversatorio Defensoras y Defensores de derechos humanos en procesos de construcción de paz

9 de agosto

El pasado 31 de julio se llevó a cabo en el auditorio Rogelio Salmona del Centro Cultural Gabriel García Márquez el conversatorio: “Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Procesos de Construcción de Paz”, organizado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia en coordinación con el Programa Somos Defensores, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEEU), Peace Brigades International, PBI, la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,CAJAR, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.


Este espacio de reflexión contó con la participación del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos, el Sr. Michel Forst, quien atendió la invitación del IEPRI para llevar a cabo una visita de carácter académico en Colombia, en un escenario en el que siguen aumentando los ataques contra líderes sociales.

El conversatorio buscó generar una reflexión sobre la importancia que tienen las personas defensoras de derechos humanos en los procesos de construcción de paz, y sobre las dificultades que enfrentan en el ejercicio de esta misión relacionadas principalmente con la estigmatización de la que son víctimas, las amenazas a su integridad y la violación al derecho a la vida.

 

 

Principales reflexiones

 

Alberto Brunori

Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia


"Poder levantar la voz sin miedo y sin sufrir repercusiones para promover y procurar la protección y la realización de los derechos es una libertad esencial en cualquier democracia y tiene que ser parte del proceso de construcción de paz que persigue Colombia”.

“La estigmatización actúa casi como una justificación de los ataque en contra de las personas defensoras y como un dispositivo social que desincentiva el trabajo a favor de los derechos humanos”.

 

En el conversatorio: “Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Procesos de Construcción de Paz”, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia llamó la atención sobre la crítica situación que enfrentan las personas que ejercen la defensa de derechos en el país y sobre la necesidad de una respuesta urgente e integral por parte del Estado que no solo se limite a reaccionar frente a casos individuales, sino que permita crear un ambiente propicio que favorezca el ejercicio de su labor. "Poder levantar la voz sin miedo y sin sufrir repercusiones para promover y procurar la protección y la realización de los derechos es una libertad esencial en cualquier democracia y tiene que ser parte del proceso de construcción de paz que persigue Colombia”.
Brunori resaltó que el Estado colombiano debe confrontar la impunidad, esclarecer la cadena de responsabilidades implicadas en los ataques, adoptar medidas de protección efectivas y acordes con la naturaleza de la fuente de riesgo y las condiciones de las personas amenazadas, que aunque son necesarias no son suficientes, tal como lo expuso, hacer frente a las situaciones en las cuales por ausencia, debilidad o complicidad de autoridades locales se han instalado regímenes de violencia coercitiva que condicionan el ejercicio de derechos y de libertades en ciertas comunidades, recuperar la confianza pública y combatir el estigma que recae sobre quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. “La estigmatización actúa casi como una justificación de los ataque en contra de las personas defensoras y como un dispositivo social que desincentiva el trabajo a favor de los derechos humanos”.
Pese a la actual situación de asedio que enfrenan las personas defensoras de derechos humanos en el país, exaltó la tenacidad del movimiento de defensa de derechos humanos colombiano, su resistencia, tenacidad y creatividad, y el importante papel que desempeña en la construcción de paz y democracia.


Fernando Carrillo Flórez

Procurador General de la Nación


“No hay tema más importante para la consolidación de la paz en este país y de la agenda internacional que la protección de los líderes sociales en Colombia”.

“Hay que concientizar a la gente de la magnitud del daño que supone la pérdida de un defensor que está al frente de un proceso que ha comprometido años de vida, causas legítimas y, sobre todo, el desarrollo del país que es al fin y al cabo lo que está de por medio”.

 

En su discurso, Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación, habló sobre la necesidad de construir una política pública para la protección de los líderes sociales y volver este tema prioritario en la agenda nacional en un contexto de consolidación de la paz, que también requiere visibilidad en la agenda internacional. “No hay tema más importante para la consolidación de la paz en este país y de la agenda internacional que la protección de los líderes sociales en Colombia”.
Argumentó que la construcción de esta política requiere un modelo de prevención colectivo, diferencial y que tenga en cuenta la dimensión territorial, y no un modelo de protección individual, urbana y reactiva.
Asimismo, se refirió a la importancia de sensibilizar a la ciudadanía sobre los atentados contra los defensores de derechos humanos y rechazar la estigmatización de la que son víctimas. “Hay que concientizar a la gente de la magnitud del daño que supone la pérdida de un defensor que está al frente de un proceso que ha comprometido años de vida, causas legítimas y, sobre todo, el desarrollo del país que es al fin y al cabo lo que está de por medio”.
Carrillo también señaló la importancia de tener en el país un registro único integrado, consolidado y actualizado de las amenazas y asesinatos de los líderes y de entablar un diálogo social, y una política de diálogo social, que evite la confrontación.


Michel Forst

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos


“Es esencial permitir a los defensores que estén en condiciones estables y seguras porque tienen un gran papel en la construcción de paz y seguridad”.

“La violencia contra los defensores no es aleatoria sino deliberada”.

 

Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos describió diversas experiencias mundiales sobre la realidad del quehacer de las personas defensoras de derechos humanos. A propósito del papel que desempeñan en la construcción de paz en países con graves conflictos sociales como el nuestro indicó que cumplen un trabajo esencial en zonas donde el Estado no ejerce sus funciones o simplemente no está, convirtiéndose en los únicos enlaces en áreas aisladas y en escudos entre la población y los grupos armados presentes en algunas comunidades.
Frente a la labor que ejercen estas personas, el relator agregó que también se encargan de recolectar testimonios de diversas víctimas para ayudar a la reparación y a la no repetición del conflicto, argumentando que son las voces que informan lo que está pasando y que permiten tener conciencia de la población victimizada para no olvidar lo sucedido. De igual manera, destacó la relevancia de las mujeres defensoras, reconocido por las Naciones Unidas, pues “son una clave y una pieza muy importante para tener una paz estable en la población”, y ratificó que “es esencial permitir a los defensores que estén en condiciones estables y seguras porque tienen un gran papel en la construcción de paz y seguridad”.
Con respecto a la sistematicidad de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, Forst manifestó que “la violencia contra los defensores no es aleatoria sino deliberada” y, algunas veces, obedece a estrategias coordinadas que se han desarrollado para debilitar a los movimientos de derechos humanos. “Vemos alianzas en países entre el gobierno con compañías que a menudo desarrollan megaproyectos con industrias que tienen resultados poderosos y a veces también desafiantes”. Esto ocurre, tal como lo explicó, en contextos donde no hay Estado de Derecho, donde hay corrupción e impunidad y enfatizó en que “es importante analizar la situación de los defensores desde un punto de vista más sistemático”.
Aclaró que hay varios elementos que se pueden usar para anticipar estos ataques, dependiendo de la situación de los defensores: el discurso público, qué se habla de la situación que están enfrentando, la narrativa de los defensores, tal como lo declaró. “En muchos países estos discursos son amplificados por políticos, medios, hombres de negocios y líderes de opinión para desacreditar a los defensores”. El uso de la ley. En este punto expuso que el fenómeno de agresión y asesinatos de estas personas se está volviendo cada vez más preocupante a nivel mundial y aludió a la existencia de leyes tanto para mitigar la situación como para limitar el trabajo de las organizaciones. Finalmente, hizo énfasis en el sistema judicial y cuestionó su eficacia a la hora de culpar a los criminales.


Carlos Alfonso Negret

Defensor del Pueblo


“Los líderes sociales en Colombia y los defensores de derechos humanos están en riesgo y como Estado y como sociedad tenemos que trabajar para que eso no ocurra”.

“Gracias al Sistema de Alertas Tempranas se han podido evidenciar escenarios de riesgo”.

 

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, reflexionó sobre la relación existente entre los asesinatos de defensores y la implementación del Acuerdo de Paz, y demostró que este fenómeno no ha disminuido y se presenta con mayor frecuencia en municipios rurales y priorizados por el Acuerdo, siendo las principales víctimas líderes comunales, indígenas, afrodescendientes y campesinos, y los departamentos donde ocurren la mayoría de los casos: Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Nariño. En su intervención expuso que hoy la cifra de líderes sociales asesinados asciende a 331 personas.
El funcionario insistió en que persiste una pelea por quién tiene las cifras de los líderes asesinados y expresó que el problema no son las cifras sino la manera en que el Estado y la sociedad se articulan para enfrentar el fenómeno. “Los líderes sociales en Colombia y los defensores de derechos humanos están en riesgo y como Estado y como sociedad tenemos que trabajar para que eso no ocurra”. Afirmó que si el Estado no llega a las regiones apartadas del territorio y a las zonas donde estaban las FARC no va a haber consolidación de la paz.
Para finalizar su exposición, Negret reconoció que “gracias al Sistema de Alertas Tempranas se han podido evidenciar escenarios de riesgo”, a partir de la presencia en terreno de personal de la Defensoría. “Todos los días le estamos diciendo al Estado que hay unos escenarios de riesgo porque la paz llegó y tenemos que construir la implementación”.


Ricardo Peñaranda

Director (E) del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI.

 

“Lo que terminó fue la guerra, pero al término de la guerra lo que se inicia es una etapa de conflicto”.

“Es importante destacar el rol que desempeñan los defensores de derechos humanos para el diálogo de la diversidad”.

 

El profesor Ricardo Peñaranda explicó que en Colombia la prevalencia de los derechos humanos depende de la relación con los actores sociales y se refirió al impacto del fin de la guerra en estos, y en particular en los defensores de derechos humanos, expresando que lo que está ocurriendo en el país era previsible y que lo sorprendente es la reacción de la sociedad colombiana. “Lo que terminó fue la guerra pero al término de la guerra lo que se inicia es una etapa de conflicto”.
Sobre la etapa de conflictos que el país está experimentando, el docente argumentó que en Colombia los conflictos sociales han estado suspendidos por décadas. “Hay unas tensiones sociales de diversa naturaleza y tensiones nuevas, de actores sociales nuevos, referidas a órdenes distintos: temas ambientales, de educación, de orientación sexual, de identidad, que sumados a los tradicionales temas de los conflictos sociales: trabajo, ambiente y salud crean una situación de tensión que está estallando”, y enfatizó en que esta es una oportunidad para que la sociedad colombiana reaccione.
Del discurso sobre los derechos humanos en el país dijo que este se ha ampliado enormemente, en buena medida, gracias a los trabajos que ha desarrollado la academia. Resaltó que aunque en algunos momentos de la historia la relación entre la academia y el gobierno ha sido eficiente, hace falta que esa aproximación se extienda en el tiempo.
El docente subrayó que “es importante destacar el rol que desempeñan los defensores de derechos humanos para el diálogo de la diversidad”, como valor positivo que caracteriza a Colombia, y aclaró que su labor no solo se limita a defender derechos locales, individuales y de las comunidades, sino a defender la diversidad de la Nación. Enfatizó en que este es uno de los mensajes fuertes que hay que desarrollar en los próximos años para hacer más potente el discurso sobre los derechos humanos a nivel nacional.
Con respecto a los elementos que debería tener una política pública para evitar que sigan asesinando defensoras y defensores de derechos humanos expuso que desde el Estado se deben desarrollar dos líneas de acción: 1) Coordinación entre entidades y 2) Liderazgo de la acción. Agregó que esas políticas tienen que tener los siguientes elementos:

  1. El fortalecimiento de los organismos a cargo del tema de la protección de los Derechos Humanos y sus diversas implicaciones.

  2. La educación hacia la sociedad, en la cual el Estado debe dar un gran ejemplo, y la educación hacia el interior de las agencias del Estado.

  3. Cero impunidad.


Claudia Mejía

Directora de la Corporación Sisma Mujer


“El mejor entorno para las lideresas y defensoras es la materialización de la promesa de igualdad de género del Acuerdo de Paz y el cumplimiento de las medidas para las garantías de la defensa de los derechos humanos establecidos en este para el ejercicio de su labor”.

“Hoy en Colombia la vida particular de las defensoras está en riesgo y por ende está en riesgo la consolidación de la paz”.

 

A propósito de lo que se requiere para la generación de entornos libres de violencias para las mujeres defensoras y lideresas sociales en el actual escenario de construcción de paz, Claudia Mejía, Directora de la Corporación Sisma Mujer, declaró que “el mejor entorno para las lideresas y defensoras es la materialización de la promesa de igualdad de género del Acuerdo de Paz y el cumplimiento de las medidas para las garantías de la defensa de los derechos humanos establecidos en este para el ejercicio de su labor”. Agregó que el avance de la igualdad en la sociedad es el entorno propicio para garantizar una vida libre de violencias y el soporte para una paz sostenible y perdurable.
Mejía advirtió que nuestra sociedad es altamente discriminatoria hacia las mujeres y se refirió al incremento desproporcionado de los asesinatos a defensoras de derechos humanos como un hecho de gran preocupación, resaltando que los riegos para las defensoras son diferentes así como los efectos en sus familias, en las organizaciones a las que pertenecen y en la consolidación de la paz. Además, precisó que en su mayoría estas mujeres son lideresas comunales y comunitarias, defensoras de pueblos indígenas, de campesinos y de la juventud, y llamó la atención sobre los patrones de ataques y los actos de sevicia contra sus cuerpos.
Al concluir su intervención enfatizó en la importancia que tienen las lideresas para la consolidación de la paz y expresó que estamos en una emergencia nacional para poder avanzar hacia la consolidación de la paz. “Hoy en Colombia la vida particular de las defensoras está en riesgo y por ende está en riesgo la consolidación de la paz”.


Francisco Gutiérrez

Docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI.


“Hay un cambio en la narrativa sobre el asesinato de líderes sociales”.

“Me parece absolutamente escandaloso que el Estado colombiano todavía no tenga un conteo de líderes sociales asesinados”.

 

El docente del IEPRI, Francisco Gutiérrez, señaló que “hay un cambio en la narrativa sobre el asesinato de líderes sociales”, y citó las reacciones para comprender el fenómeno. La primera que mencionó estable que los asesinatos obedecen a líos de faldas, y las dos grandes narrativas alternas que circulan en este momento establecen, por un lado, que los asesinos de líderes sociales son única y exclusivamente agentes ilegales y, por otro, que este no es un fenómeno exclusivamente de agentes ilegales sino que está relacionado con estructuras de poder en el territorio, claramente preexistentes y relacionadas con diferentes agencias del Estado, tal como lo señaló.
Sobre la diferencia en los patrones de los victimarios antes y después de Acuerdo de Paz explicó que antes de 2006 - 2007 teníamos más perpetrados que mataban líderes sociales. En la actualidad “ha bajado mucho el número de perpetradores pero ha subido significativa y constantemente el número de eventos”.
En cuanto a las tendencias territoriales sobre la victimización de civiles dijo que habitualmente hay dos picos muy altos relacionados con la modalidad del Estado en el territorio: “uno en aquellas zonas con muy poco Estado, como Arauca, y otro en zonas que son el epítome del desarrollo en Colombia, como Santander y Antioquia”.
Con respecto a la victimización de los liderazgos sociales indicó que seguramente ha habido cambios y especificó que antes de 2006 - 2007 la victimización caía masivamente sobre organizaciones sociales caracterizadas como subversivas en el contexto de la guerra contrainsurgente pero que en la actualidad esta recae principalmente sobre organizaciones locales y Juntas de Acción Comunal.
Destacó que una de las continuidades frente al fenómeno de los asesinatos de líderes sociales es “la enorme dificultad del Estado para reaccionar frente a esto y contar a los líderes sociales asesinados. “Me parece absolutamente escandaloso que el Estado colombiano todavía no tenga un conteo de líderes sociales asesinados”. En su intervención formuló las siguientes preguntas: ¿Estamos asistiendo al asesinato por invitación?, teniendo presente la consigna de la paz con dimensión territorial y el llamado a la movilización, ¿pero cómo puede movilizarse la gente sin una mínima protección?, cuestionó el docente; y ¿cómo diseñar un paquete de políticas públicas que capture los intereses comunes de todos los colombianos para ir eliminando este fenómeno?


Camilo Bonilla

Coordinador de Investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ.


“Estos crímenes son cometidos contra personas que llevan a cabo ejercicios de poder contrahegemónico principalmente en el ámbito de lo local. Estos ejercicios afectan los intereses de grupos ilegales, pero también de grupos económicos, de personas o de empresas que están dentro de la legalidad”.

“Los crímenes son antecedidos o seguidos de señalamientos, discursos estigmatizantes o de negación, bien sea del fenómeno o de la condición de defensor o defensora de derechos humanos de la víctima”.

 

Con respecto a la naturaleza, ubicación espacial y frecuencia de los crímenes contra defensores de Derechos Humanos, Camilo Bonilla, Coordinador de Investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, expuso que “estos crímenes son cometidos contra personas que llevan a cabo ejercicios de poder contrahegemónico principalmente en el ámbito de lo local. Estos ejercicios afectan los intereses de grupos ilegales, pero también de grupos económicos, de personas o de empresas que están dentro de la legalidad”.
Agregó que a las víctimas las están asesinando en la casa, en el lugar de trabajo o en el camino entre la casa y el lugar de trabajo, lo que implica actividades de seguimiento y planificación del crimen por parte de los victimarios. “Los crímenes son antecedidos o seguidos de señalamientos, discursos estigmatizantes o de negación, bien sea del fenómeno o de la condición de defensor o defensora de derechos humanos de la víctima”. También argumentó que la mayoría de estos son cometidos bajo la modalidad del sicariato, lo que conduce a pensar que detrás de los mismos exista una organización criminal, y ejecutados con armas de fuego, cortas, tipo pistola, que disparan balas de 9 milímetros. El robo y los problemas pasionales son algunas de las causas presentes en el discurso de las autoridades locales o regionales para explicar los crímenes, tal como lo dijo el investigador.
En el caso de las mujeres, advirtió que muchos de estos crímenes son cometidos con sevicia contra sus cuerpos. Resaltó que es importante investigar quién está produciendo las balas con las que están siendo asesinados los defensores de derechos humanos, explicando que los cartuchos que expulsan las armas con las que se están cometiendo los asesinatos son rastreables, y tener presente que en el país hay una gran cantidad de armas ilegales en circulación. Frente a la espacialidad de los asesinatos dijo que estos se siguen presentando con mayor frecuencia en los municipios críticos donde viene ocurriendo desde hace varios años.


Para responder el interrogante: ¿por qué están matando a los líderes de Juntas de Acción Comunal?, Bonilla cedió la palabra a Guillermo Cardona, Presidente de la Confederación Nacional Comunal, quien expuso que “a los dirigentes comunales los asesinan en el territorio porque ejercen derechos, porque ejercen sus funciones, porque se oponen al clientelismo, a la corrupción, porque hacen veeduría “. Frente a la pregunta de ¿quién los asesina?, Cardona se refirió a “los poderes políticos locales aliados con el narcotráfico y la corrupción”, y finalizó su intervención sosteniendo el Estado en Colombia no le garantiza ni a los ciudadanos ni a los dirigentes ejercer libremente los derechos.