La Organización Electoral en Colombia pensada para el Post-Conflicto

Por: Maicol Andrés Quiroga Barrantes

El presente documento pretende aportar al  debate actual y a la discusión sobre el rol de las autoridades electorales en Colombia, como elemento sustantivo de las reformas políticas requeridas para la implementación efectiva del segundo punto de los Acuerdos de Paz. En él el lector podrá hacer un recorrido sobre las principales funciones en la materia en diferentes contextos políticos, así como conocer  los modelos más importantes de organización electoral, conformación y designación de autoridades electorales en otros países de Latinoamérica. 

El diagnóstico actual en la materia permite evidenciar fortalezas y debilidades. Resaltan dentro de estas últimas el origen de los magistrados del  Consejo Nacional Electoral (CNE) y el hecho de que el organismo no cuenta con la estructura adecuada para ejercer sus funciones en la totalidad del territorio nacional, mientras que  la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) ha acumulado funciones electorales y de registro que deberían ser separadas cuidadosamente.

A la luz del análisis de las dificultades en materia de diseño institucional y como resultado del  ejercicio comparado se propone la creación como entidad autónoma de la Organización Nacional Electoral de Colombia (ONEC), institucionalidad que reemplazaría al CNE y asumiría las funciones administrativas y electorales de la RNEC.  Esta última, sin embargo,   no sería eliminada, sino que se encargaría  exclusivamente de las funciones registrales y de la elaboración del censo electoral.

El documento plantea también otro tipo de reformas que valdría la pena considerar, como son la modificación de  las fechas de designación de los directivos de la organización electoral, -de tal manera que se hiciera  un año después de las elecciones territoriales- y la urgente actualización del código electoral  para que se acople a las necesidades y realidades del país. Se propone también mantener restringida la reelección de los altos dignatarios de la nueva organización electoral, para evitar tráfico de influencias y  afectaciones al  equilibrio de poderes.

Teniendo en cuenta la importancia del rol de las autoridades electorales  para la democracia, es claro que éstas requieren un diseño institucional que les garantice imparcialidad y legitimidad, para lograr que los resultados del proceso electoral sean transparentes y aceptados por todos los actores políticos. El escenario actual presenta las condiciones para profundizar en este debate, al que este documento pretende contribuir.

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